El Gobierno de Paraguay oficializó la entrada en vigencia del Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), un acuerdo bilateral con Estados Unidos que regula la presencia de personal civil y militar estadounidense en el país andino. La iniciativa, ratificada recientemente por el Congreso, establece un marco jurídico para la cooperación en seguridad, permitiendo el ingreso de aeronaves, buques y vehículos del Departamento de Defensa sin costo en el espectro radioeléctrico y facilitando ejercicios de entrenamiento conjunto. El acuerdo es considerado por Washington como un “estándar de oro” en la región, en un momento donde la administración de Donald Trump busca fortalecer la Coalición Anticarteles de las Américas.
No obstante, la implementación del convenio ha generado una fuerte polarización en el legislativo paraguayo debido a las amplias concesiones otorgadas al personal extranjero. Entre los puntos más controvertidos se encuentran la inmunidad diplomática para los efectivos estadounidenses, la exención de impuestos y, especialmente, la jurisdicción penal exclusiva de Estados Unidos sobre su personal, lo que implica que cualquier delito cometido en Paraguay será juzgado en cortes norteamericanas. Mientras el oficialismo defiende la medida como una obligación estratégica contra el crimen transnacional y la influencia de otros actores externos como China, la oposición califica el tratado como una entrega de soberanía y una injerencia directa de Washington.
