El Gobierno de Estados Unidos ha identificado a Juan Carlos Valencia González como el presunto nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la caída de Nemesio Oseguera. Sin embargo, su estatus como ciudadano estadounidense por nacimiento representa un desafío legal para las agencias de inteligencia. Según un reporte de The Wall Street Journal, el monitoreo de sus actividades en el extranjero requiere la aprobación del fiscal general y la validación de un tribunal secreto, bajo la premisa de que actúa como agente de una potencia extranjera. Estos requisitos procesales, diseñados para proteger los derechos constitucionales de sus nacionales, podrían ralentizar las operaciones tácticas destinadas a desmantelar la organización criminal.
Esta complejidad jurídica surge en un momento clave para la cooperación en seguridad entre la administración de Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La estrategia bilateral depende en gran medida del intercambio de información de inteligencia proporcionada por las fuerzas armadas estadounidenses, por lo que los obstáculos legales para obtener datos personales de Valencia González podrían entorpecer la agilidad de los operativos conjuntos. A pesar de que las autoridades consideran superables estos trámites, la nacionalidad del nuevo cabecilla se percibe como una barrera que obliga a un rigor procedimental más estricto en la lucha contra el narcotráfico transnacional.
