El asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, perpetrado en agosto de 2023, continúa bajo un manto de incertidumbre tras el surgimiento de nuevas hipótesis sobre posibles irregularidades en las diligencias judiciales. Según informes analizados por el medio Señal Colombia, documentos y testimonios recientes sugieren que algunos de los implicados habrían sido presionados durante sus declaraciones. El caso, que conmocionó a la región, mantiene interrogantes fundamentales sobre la autoría intelectual del crimen y las razones por las cuales los responsables de nivel jerárquico no han sido plenamente identificados.
De los cinco sicarios capturados inicialmente por el atentado, solo Jules Castaño Alzate accedió a un interrogatorio extenso de casi 90 minutos ante un agente del FBI. No obstante, el análisis de dicho procedimiento revelaría que el testimonio de Castaño pudo haber sido inducido por un coronel de la Policía de Ecuador presente en la entrevista. Las sospechas apuntan a que el oficial habría dirigido las respuestas para involucrar directamente al expresidente Rafael Correa, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la objetividad de la instrucción fiscal y el manejo de los testigos clave en este proceso de alta sensibilidad política.
Estas revelaciones abren una nueva arista en la investigación de una historia oculta que comienza a emerger conforme avanzan las revisiones de los expedientes. Mientras la opinión pública demanda el esclarecimiento total del magnicidio, la posibilidad de testimonios fabricados bajo coacción añade complejidad al escenario jurídico ecuatoriano. Las autoridades competentes aún no se han pronunciado formalmente sobre estas acusaciones de inducción testimonial, mientras los familiares de Villavicencio y diversos sectores sociales persisten en la búsqueda de justicia frente a un crimen que sigue rodeado de sombras.
