El pleno del Consejo de la Judicatura oficializó una reforma administrativa que impide a las dependencias especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado seguir conociendo y sustanciando garantías jurisdiccionales. La decisión, que entró en vigor tras su publicación en el Registro Oficial el pasado 24 de marzo de 2026, responde a informes técnicos que advirtieron sobre un incremento sustancial en la carga laboral de estos despachos. Según las autoridades judiciales, la exigencia técnica de las causas constitucionales dificultaba el despacho ágil de los procesos penales complejos que estas unidades deben atender de forma prioritaria a nivel nacional.
La medida modifica la resolución vigente desde 2021, suprimiendo las facultades que permitían a estos jueces tramitar mecanismos como acciones de protección, hábeas corpus o medidas cautelares. No obstante, la normativa establece una disposición de transición: todas las causas de garantías jurisdiccionales que ya se encuentran en conocimiento de los magistrados anticorrupción deberán ser resueltas por ellos bajo las mismas reglas procesales con las que se iniciaron. A partir de la vigencia de este cambio, el sistema informático judicial será reconfigurado para que los nuevos sorteos de materia constitucional se redirijan a otras dependencias del sistema de justicia.
La Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito y alcance nacional, se concentrará exclusivamente en su catálogo específico de 44 delitos, que incluyen siete tipos penales de corrupción y 37 vinculados a estructuras criminales. El Consejo de la Judicatura enfatizó que esta precisión de competencias permitirá a los jueces enfocarse en la lucha contra la impunidad en casos de alto impacto. La ejecución de esta resolución queda bajo la responsabilidad de las direcciones nacionales de Gestión Procesal y Planificación, asegurando que el servicio judicial mantenga su operatividad técnica sin afectar los derechos de los ciudadanos.
