El presidente Daniel Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo 353, declarando un nuevo estado de excepción en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de cuatro cantones específicos. La medida, que tendrá una vigencia de sesenta días, responde a una grave conmoción interna y busca neutralizar las amenazas de grupos armados organizados. Bajo esta normativa, se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, facultando a la fuerza pública para realizar allanamientos inmediatos y recopilar información crítica sin orden judicial previa, siempre que existan indicios de actividades delictivas o posesión de armamento en los inmuebles intervenidos.
La disposición establece que las intervenciones deben regirse por principios de proporcionalidad y necesidad, dejando constancia documentada de cada actuación para garantizar el debido proceso. Asimismo, el decreto contempla la requisición temporal de bienes y servicios como último recurso para asegurar la continuidad de las operaciones de seguridad en las zonas afectadas. Con esta decisión, el Gobierno Nacional pretende fortalecer el control del orden público y proteger la libertad de los ciudadanos frente al incremento de la violencia criminal. Las autoridades militares y policiales coordinarán patrullajes preventivos y operativos de inteligencia focalizados en los sectores con mayores índices de peligrosidad durante los próximos dos meses.
