Los Consejos Nacionales para la Igualdad atraviesan una crisis institucional al sumar un lustro sin la designación de sus representantes ciudadanos, quienes deben ser elegidos mediante concursos de méritos y oposición. Estos organismos, creados para garantizar los derechos de género, pueblos y nacionalidades, discapacidades, movilidad humana e intergeneracional, no han renovado sus cuadros desde 2017. La falta de interés ciudadano para integrar las comisiones seleccionadoras y la pérdida de confianza de los colectivos sociales han estancado los procesos, dejando a estas entidades sin la participación paritaria que exige la Constitución para fortalecer la unidad nacional en la diversidad.
Ante el bloqueo de los concursos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha tomado medidas administrativas cuestionadas, como la contratación de abogados externos mediante servicios profesionales para asesorar los procesos de selección. Pese a los intentos por reactivar las designaciones, informes internos revelan que no se ha alcanzado el número mínimo de veedores necesarios para validar los reglamentos. Recientemente, el equipo técnico encargado de la selección resolvió elaborar una nueva normativa a través de mesas técnicas, una propuesta que deberá ser analizada por el pleno del CPCCS para determinar el futuro de estas instituciones encargadas de combatir la exclusión en el país.
