A pocas semanas del inicio del nuevo año lectivo en el régimen Costa-Galápagos, la Subsecretaría de Educación de la Zona 8 anunció que 239 instituciones educativas particulares y fiscomisionales de Guayaquil, Samborondón y Durán han sido autorizadas para incrementar sus valores de matrícula y pensiones. Josué Aizaga, titular de esta dependencia, precisó que se recibieron un total de 273 solicitudes, de las cuales 34 fueron rechazadas debido a inconsistencias en la documentación financiera o fallas en la planificación de inversiones a mediano plazo. Los planteles aprobados podrán aplicar un aumento máximo del 9,50 % respecto a su última ficha de costos, siempre que demuestren mejoras en tecnología, infraestructura física o capacitación docente.
La autoridad educativa enfatizó que cualquier cobro adicional fuera de los valores autorizados es ilegal y puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 5302 y 24100 dólares, además de la posible revocatoria del permiso de funcionamiento. Para las instituciones que justifican el alza mediante inversiones, el trámite solo es permitido cada dos años, mientras que aquellas cuya planta docente percibe el salario básico pueden ajustar sus valores anualmente según los incrementos legales. Algunos planteles particulares iniciarán sus actividades desde este 15 de abril, adelantándose al cronograma del sistema fiscal, pero manteniendo la obligatoriedad de cumplir con los 200 días laborables establecidos por la ley.
En cuanto al sector público, las clases comenzarán de forma progresiva los días 4, 5 y 6 de mayo en las 647 instituciones fiscales de la zona, donde actualmente se realizan labores de mantenimiento, fumigación y mingas comunitarias. Se espera que la matrícula para este periodo supere los 460000 estudiantes registrados el año anterior, cifra que se confirmará a finales de abril. Aizaga recordó a los padres de familia que en el sistema fiscal la educación, los textos y los uniformes son totalmente gratuitos, instándolos a denunciar cualquier intento de cobro indebido ante los distritos educativos correspondientes para garantizar el acceso sin barreras económicas.
