El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) confirmó este 16 de abril de 2026 que la suspensión de derechos políticos por dos años impuesta al alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, sigue plenamente vigente. Mediante una resolución emitida por el juez Joaquín Viteri, el organismo aclaró que la sanción no puede considerarse cumplida debido a que nunca llegó a ejecutarse de manera efectiva. El tribunal determinó que una acción de protección interpuesta en la jurisdicción de Manabí interfirió en la aplicación de la medida, descartando así el argumento de que el paso del tiempo haya extinguido la responsabilidad del funcionario.
La controversia se remonta a junio de 2023, cuando el TCE sancionó a Pincay por no asistir al debate obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la campaña de enero de ese año. Aunque el alcalde justificó su ausencia por motivos de salud tras sufrir un atentado contra su vida, el tribunal ratificó la infracción electoral muy grave. Si bien la multa económica fue cancelada en julio de 2023, la inhabilitación política fue frenada por una medida cautelar dictada por un juez de la Unidad Judicial de Rocafuerte, decisión que el TCE ahora califica como una desnaturalización del proceso electoral.
Ante esta resolución, el magistrado Viteri ordenó al Ministerio del Trabajo y al CNE certificar la vigencia inmediata de la suspensión en sus sistemas. Además, el caso será remitido a la Fiscalía General del Estado para investigar posibles incumplimientos de decisiones legítimas de autoridad competente y al Consejo de la Judicatura para revisar la actuación del juez que otorgó las medidas cautelares. Por su parte, Javier Pincay solicitó calma a la ciudadanía de Portoviejo y anunció que su equipo legal prepara una respuesta técnica, mientras intenta mantener la estabilidad en la gestión municipal frente a este nuevo escenario jurídico.
