El Gobierno de España formalizó la aprobación de una normativa que facilitará la regularización de aproximadamente un millón de inmigrantes que residen actualmente en el país de forma irregular. Esta decisión, calificada por el presidente Pedro Sánchez como un acto de normalización social, busca integrar formalmente a personas que ya participan en la vida cotidiana del Estado. A pesar de la aprobación, el Partido Popular ha manifestado una oposición tajante, anunciando medidas jurídicas y parlamentarias para intentar frenar la vigencia de este proceso migratorio masivo.
Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben certificar una residencia mínima de cinco meses en territorio español y haber ingresado antes del 1 de enero de 2026. Entre los requisitos indispensables figuran ser mayor de edad, poseer documentos de identidad o pasaporte vigente y carecer de antecedentes penales. El proceso de recepción de solicitudes se realizará exclusivamente de manera digital a partir del 16 de abril, extendiéndose el plazo límite hasta el 30 de junio de este año, según el cronograma oficial establecido por las autoridades competentes.
