Las elecciones del próximo 29 de noviembre de 2026 en Ecuador incluirán un componente decisivo: un referéndum propuesto por el presidente Daniel Noboa que busca enmendar la Constitución para retirar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) su atribución de elegir autoridades de control. Tras recibir el dictamen favorable de la Corte Constitucional, la propuesta plantea que la designación de figuras como el Contralor, el Fiscal General o los vocales del Consejo de la Judicatura pase a manos de la Asamblea Nacional mediante procesos de meritocracia y escrutinio público. De aprobarse el “Sí”, los futuros siete consejeros que también se elegirán ese día verán reducidas sus funciones exclusivamente a la promoción de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la investigación de denuncias de corrupción.
Expertos y analistas coinciden en que la pérdida de esta facultad —considerada históricamente como el mayor atractivo político del organismo— podría transformar la naturaleza de la institución. Mientras algunos especialistas señalan que el CPCCS perdería su relevancia estratégica y se convertiría en una entidad de bajo impacto, otros advierten que el interés por las candidaturas no disminuirá, debido a la estabilidad económica que ofrecen los cargos. Asimismo, se destaca que el traslado de las competencias a la legislatura permitiría transparentar las posturas políticas detrás de cada designación, eliminando la “falsa meritocracia” que, según críticos, ha caracterizado a los concursos públicos actuales.
A pesar de la trascendencia del cambio constitucional, el interés por participar en el CPCCS se mantiene alto en comparación con procesos anteriores. En 2019 se calificaron 43 candidatos y en 2023 la cifra subió a 45, una tendencia que parece mantenerse firme pese a la incertidumbre sobre las facultades finales del cargo. El país queda a la espera de que el Ejecutivo emita el decreto oficial para que el Consejo Nacional Electoral incorpore la papeleta del referéndum en los comicios seccionales, definiendo así si el CPCCS conserva su “cereza del pastel” o si se inicia una nueva etapa institucional para el Estado ecuatoriano.
