Durante los primeros tres meses de 2026, las Fuerzas Armadas de Ecuador intensificaron su ofensiva contra la minería ilegal, ejecutando un total de 1151 operaciones en todo el territorio nacional. Estos despliegues permitieron la destrucción de 641 campamentos distribuidos en 11 provincias, siendo Imbabura la zona con mayor impacto al registrar 327 instalaciones desmanteladas. Según datos del Comando Conjunto, la estrategia militar busca asfixiar las vías de financiamiento de grupos de delincuencia organizada que han intentado expandir sus economías ilegales a través de la explotación de recursos minerales en las zonas norte y sur del país.
El impacto financiero contra estas estructuras criminales es histórico, alcanzando una cifra estimada de 1696329125 dólares en pérdidas para las organizaciones delictivas. Este monto es tan significativo que supera casi el doble del presupuesto anual del Municipio de Guayaquil del año anterior o lo facturado por las principales cadenas comerciales del país. Entre los grupos afectados se encuentran organizaciones como Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones, además de grupos irregulares armados que operan en las zonas fronterizas, quienes utilizan estas actividades ilícitas para fortalecer su capacidad operativa y logística.
Además de la demolición de infraestructuras, las incursiones militares resultaron en el decomiso de un importante arsenal y suministros críticos. En este periodo se incautaron más de 5000 municiones, armas de diversos calibres y cerca de 50000 galones de combustible, junto con miles de artefactos explosivos y cápsulas detonantes. Con estas acciones, el Gobierno Nacional busca debilitar estructuralmente a las bandas criminales, cerrando el paso a la minería ilegal como motor económico del crimen organizado y garantizando el control estatal sobre áreas estratégicas de recursos naturales.
