Tras la admisión a trámite de la denuncia presentada por el ciudadano Hugo Córdova, el Municipio de Guayaquil ha activado el protocolo legal establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la remoción del alcalde Aquiles Alvarez. El proceso comenzó formalmente una vez que la comisión de mesa verificó el cumplimiento de los requisitos legales, ordenando la citación de la autoridad. Actualmente, el procedimiento enfrenta un desafío logístico, ya que Alvarez se encuentra recluido en la provincia de Santa Elena, lo que requiere una coordinación especial con el SNAI para la notificación formal, un paso que carece de un plazo definido en la ley y podría dilatar el cronograma inicial.
Una vez superada la citación, se abrirá un periodo de diez días para la presentación de pruebas, donde tanto la parte denunciante como la defensa del alcalde deberán sustentar sus argumentos ante la comisión de mesa. Tras esta fase, la comisión dispondrá de cinco días para elaborar un informe final que será debatido en una sesión extraordinaria del Concejo Cantonal. Para que la remoción sea efectiva, se requiere el voto favorable de dos tercios de los integrantes del cuerpo edilicio, excluyendo al funcionario acusado. Este mecanismo asegura que la decisión cuente con un respaldo mayoritario y se base en los hallazgos documentados durante la etapa probatoria.
En caso de que el Concejo apruebe la salida del funcionario, la normativa otorga al afectado un plazo de tres días para solicitar una revisión ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esta instancia superior tendrá diez días para pronunciarse, limitándose exclusivamente a verificar que se hayan respetado las formalidades legales y el debido proceso. En total, sumando los tiempos de notificación, probatorios y la revisión electoral, se estima que la resolución definitiva podría tomar poco más de tres semanas, marcando un precedente importante en la administración municipal de la ciudad.
