Un jurado federal en los Estados Unidos determinó la culpabilidad del excongresista David Rivera por actuar de manera encubierta como agente extranjero y participar en una red de lavado de activos. De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, Rivera y su socia Esther Nuhfer suscribieron un contrato de 50 millones de dólares con una filial de la estatal PDVSA para promover los intereses del gobierno venezolano en Washington sin cumplir con el registro legal obligatorio. Las investigaciones revelaron que ambos utilizaron sus conexiones políticas para gestionar reuniones de alto nivel y facilitar encuentros entre funcionarios de ambos países, empleando lenguajes codificados para ocultar sus comunicaciones ante las autoridades federales.
La sentencia condenatoria también detalla que los implicados desviaron parte de los fondos ilícitos para beneficio personal y financiamiento de campañas políticas en el estado de Florida. El veredicto incluye cargos por conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, lavado de dinero y transacciones con fondos de procedencia ilegal, lo que podría acarrear una pena de hasta 60 años de prisión para el exlegislador. Representantes del Departamento de Justicia subrayaron que el caso, investigado por el FBI y el IRS, pone de manifiesto el uso indebido de la influencia política para favorecer regímenes extranjeros a cambio de réditos económicos, afectando la transparencia institucional del país.
