Si el Tribunal de Juzgamiento falla en contra del expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz en el caso denominado Pruebas COVID-19, sería la primera vez que el político recibiría una condena penal en su dilatada vida pública. El pasado viernes, 15 de mayo del 2026, los jueces Gandhy Cervantes, Ivonne Vásquez y Pablo Coello entraron a deliberar tras concluir la audiencia de juicio, en la cual la Fiscalía solicitó una sentencia condenatoria. A lo largo de las últimas décadas, Bucaram enfrentó múltiples denuncias por delitos como traición a la patria y peculado (en los casos Cascajo, Mochila Escolar y Gastos Reservados); sin embargo, estos procesos no prosperaron debido a sobreseimientos o a la prescripción de las causas tras sus períodos de autoexilio en Panamá.
La teoría de la Fiscalía sostiene que el exmandatario y su hijo, Jacobo Bucaram Ortiz, actuaron como colaboradores de una estructura delictiva dedicada a la comercialización irregular de 21000 pruebas rápidas y otros insumos médicos durante la pandemia. La red presuntamente movilizó bienes y servidores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito para brindar seguridad a los ciudadanos extranjeros Sheinman Oren y Shy Dahan, quienes transportaban los insumos simulando ser agentes de la DEA. Además de este proceso, el exjefe de Estado mantiene pendiente la etapa de juicio para junio de este año por el presunto delito de tráfico de armas, derivado del hallazgo de una pistola y municiones sin permisos durante los allanamientos efectuados en su residencia en 2020.
