El presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional la solicitud formal para denunciar y dejar sin efecto el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), instrumento financiero al que Ecuador se adhirió hace diecisiete años. El convenio original fue suscrito en Cochabamba, Bolivia, el 16 de octubre de 2009 por los entonces mandatarios de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), entre ellos Rafael Correa, Hugo Chávez, Evo Morales y Daniel Ortega, y ratificado en el país en junio de 2010. La decisión del Ejecutivo ocurre tras años de cuestionamientos a este mecanismo, el cual fue utilizado por redes transnacionales —incluyendo la empresa Foglocons del empresario colombiano Álex Saab— para esquemas de lavado de activos mediante exportaciones simuladas de materiales de construcción hacia Venezuela.
A través de un oficio de dos páginas dirigido al presidente del Legislativo, Niels Olsen, el primer mandatario solicitó dar continuidad al trámite parlamentario, adjuntando los dictámenes previos emitidos por la Corte Constitucional (CC) en el año 2022. Durante el gobierno de Guillermo Lasso se iniciaron los procesos de control constitucional, donde la CC determinó en sus dictámenes 1-22-T1/22 y 1-22-T1/22A que la salida de este tratado es plenamente constitucional, pero que requiere de forma obligatoria la aprobación previa del pleno de la Asamblea Nacional. Pese a contar con el aval legal, la administración de Lasso decidió no remitir el expediente al Parlamento debido a que no disponía de una mayoría legislativa que garantizara el respaldo político a la iniciativa.
De acuerdo con el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la presidencia de la Asamblea deberá verificar la documentación y remitir el texto a una comisión especializada, organismo que dispondrá de un plazo máximo de veinte días para elaborar el informe que se someterá a debate del pleno. Para ratificar la denuncia del tratado internacional se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los asambleístas, equivalente a 77 voluntades, un umbral que el bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) junto a sus aliados actuales proyecta alcanzar. El pedido presidencial guarda consonancia con las declaraciones de Noboa en su Informe a la Nación del pasado 24 de mayo, donde catalogó al sistema Sucre como un símbolo de la manipulación financiera e institucional ejercida en beneficio de grupos cercanos al poder político de la época.
