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mayo 27, 2026 | Actualizado ECT
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Asamblea Nacional analiza retiro de Ecuador del sistema de pagos Sucre

Comisión legislativa tramita pedido del presidente Daniel Noboa para denunciar el tratado regional firmado en 2009.

Escrito por Abel Cano

mayo 27, 2026 | 06:21 ECT

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional, presidida por la legisladora oficialista Lucía Jaramillo, sesiona la mañana de este miércoles, 27 de mayo de 2026, para conocer formalmente la solicitud del Ejecutivo de denunciar el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre). El pedido, enviado por el presidente Daniel Noboa el pasado 21 de mayo al titular del Parlamento, Niels Olsen, busca extinguir las obligaciones del país en este mecanismo tras diecisiete años de adhesión. Noboa fundamentó su postura durante su reciente Informe a la Nación, calificando al sistema como un símbolo de manipulación financiera e institucional destinada a favorecer a grupos cercanos al poder de la época.

El mecanismo de compensación regional fue suscrito en octubre de 2009 en Bolivia por los entonces mandatarios de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), entre ellos Rafael Correa, Hugo Chávez, Evo Morales y Daniel Ortega, y ratificado en Ecuador mediante decreto ejecutivo en 2010. A lo largo de los años, el Sucre enfrentó serios cuestionamientos y denuncias públicas que lo señalaban como una plataforma utilizada por redes transnacionales para el lavado de activos mediante exportaciones ficticias o sobrevaloradas, un esquema en el cual fue vinculado el empresario colombiano Álex Saab a través de la firma Foglocons.

Para que la desvinculación definitiva del tratado se concrete, el pleno de la Asamblea Nacional deberá someter a votación el informe que prepare la mesa de Relaciones Internacionales. Este trámite legislativo cuenta con el respaldo previo de la Corte Constitucional, la cual determinó en 2022 que la denuncia del instrumento es constitucional pero requiere obligatoriamente el aval del Parlamento. El proceso, que quedó suspendido durante el mandato de Guillermo Lasso por falta de gobernabilidad en la cámara, requerirá ahora del voto favorable de la mayoría absoluta de los legisladores, equivalente a 77 voluntades, para quedar formalmente aprobado.

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