Un informe del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) reveló que Ecuador registra al menos 43 incidentes violentos contra servidores judiciales entre 2020 y lo que va de 2026, de los cuales 25 correspondieron a asesinatos de operadores de justicia. El recuento detalla que las víctimas mortales incluyen a 4 jueces, 12 fiscales, 3 funcionarios judiciales y 6 trabajadores de fiscalías, además de contabilizar 9 intentos de asesinato y 9 ataques armados contra dependencias del Estado. La crisis de seguridad se ha intensificado en las últimas semanas con hechos como el asesinato de la jueza Lady Pachar Huanga en Machala el pasado 11 de mayo, un ataque a balazos a las instalaciones judiciales de Santa Elena durante una audiencia penal, e intimidaciones directas a magistrados de Sucumbíos y a la propia presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo, quien denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte.
Frente a este escenario, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador denunciaron la existencia de patrones críticos de vulnerabilidad, colmo la falta de resguardo policial formal y la fragilidad de las dependencias, que carecen de botones de pánico, salidas de emergencia o controles de acceso adecuados. Ante la lentitud de los trámites actuales para obtener protección, los gremios plantearon la creación de una unidad de riesgos menos burocrática, el diseño de protocolos de atención temprana, el resguardo extensivo al entorno familiar de los jueces y la virtualización de las audiencias penales y anticorrupción mediante la plataforma Zoom para evitar la exposición física de los funcionarios. Por su parte, la Judicatura anunció que levantará un catastro detallado sobre las condiciones de seguridad en el país y propondrá un departamento de coordinación con el Ministerio del Interior para agilizar la asignación de escoltas institucionales.
