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junio 2, 2026 | Actualizado ECT
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Delincuencia común disminuyó entre 30% y 40% en Ecuador, según el Ministerio del Interior

El ministro John Reimberg destacó la baja en muertes violentas y la detención de más de dos mil personas implicadas en redes de extorsión a nivel nacional.

Escrito por Abel Cano

junio 2, 2026 | 10:13 ECT

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró este martes que los índices de la delincuencia común han registrado una reducción significativa en Ecuador. Durante una entrevista concedida al canal público Ecuador TV, el funcionario citó datos oficiales que muestran una disminución de entre el 30 por ciento y el 40 por ciento en los delitos comunes hasta el cierre de mayo. Reimberg señaló que esta tendencia a la baja también se evidencia en la tasa de muertes violentas a nivel nacional, lo cual atribuyó a la intensificación de las operaciones tácticas y patrullajes preventivos que la Policía Nacional ha desplegado en los sectores con mayor conflictividad del país.

Respecto a las medidas excepcionales de control, el secretario de Estado reiteró que por el momento no se contempla la aplicación de nuevos toques de queda, explicando que el último periodo de restricción implementado dejó resultados importantes al golpear directamente las finanzas de las organizaciones criminales. Asimismo, Reimberg enfatizó que el Gobierno está atacando de forma frontal a las redes de extorsionadores que operan en distintas provincias, registrando hasta esta semana más de 2.000 personas detenidas exclusivamente por delitos vinculados a la extorsión y los llamados “vacunadores”.

Finalmente, el ministro apuntó que una parte crítica del desafío de seguridad radica en el sistema judicial, instando a los magistrados a procesar con firmeza a los capturados para evitar que recuperen su libertad mediante la aplicación de medidas alternativas a la prisión. En ese sentido, calificó como fundamental el proyecto de la Ley Antimafias que actualmente se tramita en la Asamblea Nacional, la cual consideró una herramienta legal clave para que el Estado pueda incautar e ir tras los bienes materiales y económicos derivados del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.

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