La solicitud de juicio político en contra de Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía, fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y remitida formalmente a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para el inicio de su trámite oficial. El pedido fue planteado por los asambleístas Blasco Luna y Lenin Barreto, integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Las acusaciones presentadas por los legisladores se enfocan en una presunta responsabilidad política y un supuesto incumplimiento de funciones estatales, vinculados directamente con los procesos de contratación de los proyectos emergentes de generación eléctrica denominados Salitral y Quevedo.
El trámite legislativo, que fue ingresado formalmente el 27 de mayo de 2026, recibió la revisión técnica y la aprobación del CAL durante una sesión desarrollada la noche del lunes 1 de junio. Tras verificar el cumplimiento de los requisitos formales, los miembros de la unidad administrativa resolvieron notificar de manera inmediata a la mesa de Fiscalización. A partir de dicha notificación legal, la comisión parlamentaria dispondrá de un plazo obligatorio de al menos cinco días para conocer formalmente el expediente, avocar conocimiento y resolver el inicio del cronograma de comparecencias y actuación de pruebas.
El expediente acusatorio consta de un total de 52 páginas en las que se detallan de forma cronológica los hechos que sustentan la interpelación. La argumentación de los interpelantes parte de la suscripción del acuerdo ministerial emitido el 16 de abril de 2024 por el entonces ministro de Energía encargado, Roberto Luque. Mediante dicho decreto, se declaró la emergencia del sector eléctrico nacional y se dispuso a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) la ejecución de acciones urgentes para la adquisición, suministro, construcción y puesta en servicio de sistemas de interconexión destinados a incorporar generación adicional emergente de energía eléctrica al sistema nacional.
