El ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila Maldonado, comparecieron ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para sustentar un paquete de reformas clave a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. La propuesta gubernamental busca dotar al Estado de mecanismos normativos, operativos y tecnológicos para devolver de forma progresiva a la Policía Nacional el control de la red vial estatal —donde actualmente cubre el 81 por ciento— y otorgar al Ministerio del Interior la facultad legal de intervenir de manera directa en las agencias de tránsito cantonales donde se identifiquen alertas de corrupción o manejos irregulares.
Durante su intervención en la mesa legislativa, que elabora el informe para segundo debate, Reimberg defendió la necesidad de modificar el artículo 30.1.A de la normativa vigente. La reforma plantea que la Dirección Nacional de Control de Tránsito de la Policía ejerza el control operativo en los corredores arteriales y vías colectoras del país bajo un enfoque de seguridad ciudadana y orden público, exceptuando únicamente las zonas urbanas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) calificados. Asimismo, el proyecto introduce un programa de cooperación para acceder sin trabas burocráticas a los sistemas de videovigilancia de los peajes y unificar los datos de las centrales municipales con el fin de rastrear vehículos implicados en hechos delictivos.
El ministro justificó la urgencia de estas medidas basándose en las recientes intervenciones policiales ejecutadas en las agencias de tránsito de los cantones Durán y Manta, donde se desmantelaron redes de corrupción. El funcionario denunció graves anomalías en el sistema de matriculación nacional, citando ejemplos de municipios con parques automotores de 8.000 vehículos que registran ilegalmente cerca de 40.000 automotores, muchos de ellos clonados o a nombre de terceros para cometer fraudes financieros. Reimberg enfatizó que en el marco de la lucha contra el crimen organizado es imperativo cerrar las fuentes de economía ilegal ligadas a la movilidad y adelantó coordinaciones con la Agencia Nacional de Tránsito para clausurar escuelas de conducción que operen al margen de la ley.
Finalmente, la propuesta legal introduce una reforma al artículo 79.1 para normar el transporte público y comercial a nivel nacional. La modificación obligará a las unidades de este sector a contar con un sistema integral de posicionamiento global satelital (GPS) homologado. Este dispositivo tecnológico deberá estar enlazado de forma permanente a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y al ECU 911, permitiendo a las instituciones del orden monitorear en tiempo real la seguridad de los pasajeros, vigilar los límites de velocidad y verificar el estricto cumplimiento de las rutas y frecuencias contempladas en sus respectivos permisos de operación.
