Antes de las 08:30 de este miércoles 3 de junio de 2026, los ocho ciudadanos detenidos durante la madrugada arribaron bajo estrictas medidas de seguridad a la sala protocolar del aeropuerto de Quito. El traslado aéreo se ejecutó tras un megaoperativo simultáneo liderado por la Fiscalía General del Estado en las provincias de Santa Elena, Esmeraldas, Pichincha y Sucumbíos, en el cual fue aprehendido el alcalde del cantón Esmeraldas, Vicko Villacís. Al momento de su desembarque en la capital, vistiendo un saco rojo y pantalón azul, el burgomaestre esmeraldeño declaró ante los medios de comunicación que su detención representa una total injusticia, mientras era custodiado por agentes de unidades tácticas a la espera de su audiencia de formulación de cargos.
El ministro del Interior, John Reimberg, ofreció detalles específicos sobre la denominada “Operación Blindado”, señalando que tras 12 meses de investigaciones conjuntas se determinó la existencia de una red delictiva que operaba bajo una fachada de aparente legalidad comercial. Según el informe oficial, esta estructura movió aproximadamente 15 millones de dólares, ocultando el origen ilícito del dinero mediante empresas vinculadas, transferencias a cuentas de terceros y operaciones financieras de alta complejidad. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó transferencias directas por alrededor de 7 millones de dólares a diferentes beneficiarios —de los cuales unos 240.000 dólares terminaron en manos de servidores públicos—, retiros en efectivo por 320.000 dólares y el uso de vehículos de transporte de valores para movilizar cerca de 980.000 dólares. Asimismo, la compañía principal registraba movimientos bancarios por 7,5 millones de dólares, contrastando drásticamente con los ingresos declarados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), que alcanzaban apenas los 252.000 dólares.
Las autoridades revelaron que el alcalde Vicko Villacís figura como el accionista mayoritario de dicha empresa cuestionada, concentrando el 98 por ciento del total de las acciones. La línea de investigación fiscal expuso nexos alarmantes: uno de los principales beneficiarios de estas transacciones económicas fue Jackson Antonio Arias, un ciudadano con antecedentes por tenencia ilegal de armas, explosivos y sicariato, quien fue asesinado bajo dicha modalidad en el año 2023 tras recibir un monto aproximado de 900.000 dólares de la firma. De igual manera, la compañía del alcalde mantuvo vínculos tributarios y comerciales con otra firma procesada por lavado de activos, la cual se encuentra ligada a una ciudadana fallecida que fue la pareja sentimental del ex cabecilla de la banda delictiva “Los Lobos”, alias “Mexicano”.
