El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta una profunda e inminente reconfiguración de su gabinete ministerial en medio de la severa crisis política y social que sacude al país andino. En las últimas semanas, tres de sus ministros de Estado han presentado la renuncia a sus cargos, un escenario de inestabilidad que coincide con más de 30 días de movilizaciones consecutivas y paralizaciones a nivel nacional por parte de sectores ciudadanos que exigen de manera formal la salida del primer mandatario del poder.
La más reciente baja dentro del Ejecutivo corresponde a la ministra de Educación, Beatriz García, quien oficializó su dimisión este martes. Fuentes del palacio de gobierno confirmaron la salida de la funcionaria, aunque hasta el momento el régimen ha evitado difundir los motivos oficiales del desestimiento o anunciar quién asumirá la conducción interina de dicha cartera. El retiro de García agudiza el aislamiento político del presidente, tras la salida previa del titular del Ministerio de Trabajo en un movimiento que ya había debilitado el círculo de confianza del mandatario boliviano.
A estas renuncias se añade la del ministro de Defensa, Marcelo Salinas, quien permanecía al frente de esa cartera estratégica desde noviembre de 2025, teniendo bajo su mando el control operativo de las Fuerzas Armadas y los planes nacionales de seguridad interna. Para contener la vacante, el Ejecutivo designó de forma inmediata a Ernesto Justiniano, quien venía desempeñándose como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, una gestión en la cual ganó notoriedad pública tras coordinar los operativos que derivaron en la captura del ciudadano uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados en la región sudamericana.
Esta cadena de deserciones en la alta burocracia estatal se produce mientras el territorio boliviano soporta una prolongada ola de protestas y bloqueos de vías que afecta de forma directa el transporte interprovincial, el abastecimiento de productos de primera necesidad en los mercados urbanos y el desarrollo regular de las actividades comerciales. A pesar de la parálisis económica y el incremento de la presión social sobre las sedes gubernamentales, el palacio presidencial no ha emitido un pronunciamiento oficial para explicar los motivos detrás de las dimisiones en masa de sus secretarios de Estado.
