La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas aceptó una acción de hábeas corpus a favor de la influencer Diana G., quien se encontraba recluida en la cárcel de máxima seguridad La Roca desde marzo pasado por su presunta vinculación en un caso de extorsión en Machala. La decisión judicial se fundamentó en informes médicos del Ministerio de Salud Pública que confirmaron que la joven tiene doce semanas de gestación y presenta un diagnóstico de amenaza de aborto, tras registrar quebrantos de salud que obligaron a su traslado temporal a un hospital. Los magistrados concluyeron que la permanencia en el centro penitenciario vulneraba los derechos a la salud integral de una mujer embarazada, catalogada dentro de los grupos de atención prioritaria, por lo que dejaron sin efecto la prisión preventiva. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) anunció que apelará el dictamen.
Como medidas de reparación, el tribunal dispuso que la procesada sea trasladada de inmediato a una casa de salud y posteriormente cumpla arresto domiciliario con vigilancia policial permanente en una vivienda ubicada en el sector de La Aurora, en el cantón Daule. Además, Diana G. tendrá prohibición de salida del país, deberá usar un dispositivo de vigilancia electrónica costeado por ella misma y recibirá controles médicos quincenales obligatorios para reportar el avance de su estado de gestación. La permanencia de la investigada en La Roca se debía a una reciente reorganización del sistema carcelario que habilitó pabellones femeninos en dicha infraestructura para internas consideradas de alta peligrosidad, tras la apertura de la Cárcel del Encuentro en Santa Elena.
La detención de la creadora de contenido se efectuó el 10 de marzo en Machala, luego de un operativo de entrega controlada de dinero derivado de la denuncia de una madre de familia, quien recibía amenazas exigiendo el pago de 6.000 dólares. Según la Fiscalía, el sobre con el dinero simulado fue rastreado hasta una urbanización y la entrega incluía una frase clave que presuntamente vinculaba a la joven con el ilícito. Por su parte, la defensa de Diana G. ha rechazado las acusaciones desde el inicio del proceso, sosteniendo que una tercera persona utilizó sus datos sin autorización y que ella desconocía cualquier actividad ilegal. Con este cambio en las medidas cautelares, la ciudadana continuará bajo investigación y arresto domiciliario a la espera de que se resuelva su situación jurídica definitiva.
