La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) notificó oficialmente a la Asamblea Nacional sobre la existencia de tres investigaciones previas en curso en la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades en la facturación y refacturación del consumo eléctrico. La información consta en un oficio remitido por la gerenta general de la entidad, Jenny Desiderio, a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, quien lidera un proceso de fiscalización legislativa. La investigación parlamentaria se inició luego de que el Gobierno de Daniel Noboa denunciara una presunta red delictiva que operó durante once años, la cual habría provocado un perjuicio estatal de aproximadamente 300 millones de dólares mediante la manipulación del sistema comercial SAP para reducir consumos o eliminar deudas.
De acuerdo con el documento, el primer caso penal se tramita en la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública tras una denuncia ciudadana, mientras que el segundo expediente se abrió tras auditorías y operativos ejecutados el 28 de abril por presuntos delitos de peculado, ataque a sistemas informáticos y delincuencia organizada. Un tercer proceso por peculado se indaga en la provincia de Santa Elena. Los informes detallan que el mecanismo delictivo, detectado originalmente bajo la gestión de la exministra de Energía, Inés Manzano, consistía en alterar las lecturas reales de consumo desde el sistema interno para generar nuevas facturas con valores menores o tramitar reclamos administrativos irregulares.
En el plano administrativo, CNEL EP remitió cifras que muestran que los montos por refacturaciones alcanzaron los 39.2 millones de dólares en 2025 y llegaron a los 12.9 millones de dólares entre enero y abril de 2026. No obstante, la empresa pública admitió ante la comisión legislativa que los reportes actuales poseen una limitación tecnológica para identificar de forma correcta al usuario específico que ejecutó dichas modificaciones en el sistema comercial, un fallo que se encuentra en proceso de revisión. Ante esto, la entidad presentó un plan de acción institucional para fortalecer los controles internos y mitigar riesgos comerciales, mientras la mesa parlamentaria prevé convocar a comparecencias a las autoridades del sector.
