El megaincendio que golpeó el puerto de Manta, en la provincia de Manabí, ha dejado un panorama desolador y de profunda incertidumbre para el sector pesquero artesanal. El siniestro, registrado el mediodía del sábado 6 de junio, dejó un saldo de al menos 35 embarcaciones afectadas —14 barcos de gran escala y 21 lanchas de menores dimensiones—, además de dos personas heridas con quemaduras de consideración. Para decenas de familias de la parroquia Tarqui, las llamas no solo consumieron madera y fibra de vidrio, sino también años de inversión, esfuerzo y su principal fuente de ingresos económicos.
Uno de los testimonios más desgarradores es el de Joan Albia, quien perdió cinco lanchas que conformaban un negocio familiar del que dependían múltiples personas: dos naves pertenecían a su padre, una a su hermano y dos eran de su propiedad. Albia, quien se enteró de la tragedia mientras viajaba con su familia, calcula sus pérdidas en aproximadamente 45.000 dólares. Al no contar con un seguro marítimo, su situación se vuelve crítica debido a que aún mantiene una deuda de cerca de 10.000 dólares por un crédito bancario que solicitó hace apenas dos meses para adquirir una de las lanchas destrucidas.
A diferencia de otros propietarios cuyos barcos calcinados fueron arrastrados por la marea hacia la orilla de Playita Mía, las naves de la familia Albia se encontraban amarradas y presumiblemente se fueron a pique en la zona de la rada. Los pescadores locales remueven las cenizas y estructuras grisáceas con la esperanza de rescatar los motores recién comprados, aunque la mayoría ha quedado inservible. Ante la magnitud del desastre, los damnificados formularon un llamado urgente al Gobierno Nacional para alcanzar acuerdos y líneas de financiamiento que les permitan levantarse de la crisis.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca emitió un comunicado oficial informando que, a través del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, ya se ejecuta un levantamiento de información técnica en territorio. La entidad estatal aseguró que mantiene la coordinación con las autoridades portuarias y locales para evaluar las repercusiones reales sobre la actividad pesquera de la provincia y se comprometió a diseñar mecanismos de apoyo directo para los actores del sector que resultaron afectados por la emergencia.
