El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, anunció una ambiciosa propuesta para reestructurar Petroecuador, la empresa pública más grande del país, con el objetivo de superar las dificultades históricas para levantar la producción de crudo. La meta de la gestión estatal es la transición hacia un modelo de economía mixta que combine la propiedad mayoritaria del Estado con la participación de inversionistas privados. Para este propósito, el funcionario tomó como principal referencia el esquema de la estatal colombiana Ecopetrol, una estructura que por ley garantiza al Estado al menos el 80 % de las acciones y permite a la empresa cotizar en el mercado de valores, rindiendo cuentas bajo estrictos estándares de transparencia financiera.
Especialistas del sector petrolero, como el ingeniero Bladimir Cerón, consideran positiva esta transformación y aclaran que la apertura de hasta un 49 % de participación privada no constituye una privatización, sino una vía para captar capitales frescos destinados a la exploración y el desarrollo tecnológico, áreas relegadas durante las últimas tres décadas por la dependencia exclusiva de fondos públicos. No obstante, para cristalizar este cambio administrativo, el proyecto requiere de una reforma legal que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, además de superar la falta de balances auditados al interior de la estatal, la cual arrastra un rezago en sus estados financieros pendientes de auditoría desde el año 2022.
A corto plazo, el principal desafío del ministerio es estabilizar la producción de crudo de la petrolera en torno a los 360.000 barriles diarios, tras un periodo de inestabilidad que impidió cumplir las metas proyectadas en 2025. Entre enero y abril de 2026, la extracción promedió 363.031 barriles por día, experimentando una reducción del 2,5 % frente al mismo lapso del año anterior, a pesar de que la estatal ejecutó 216,47 millones de dólares en su presupuesto de inversiones durante ese cuatrimestre. Una vez consolidada la estabilización, el plan gubernamental contempla incrementar la eficiencia en los campos operativos y transferir las áreas de mayor demanda de capital a la cartera de Estado para su posterior licitación internacional.
