Los gobiernos de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo histórico que pone fin a casi cuatro meses de conflicto armado, abriendo el camino para negociaciones profundas sobre el programa nuclear de Teherán y el levantamiento de las sanciones económicas. Aunque los detalles oficiales se han manejado con reserva, medios estatales iraníes divulgaron un borrador de catorce puntos que estipula un cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluyendo el territorio del Líbano. El pacto establece además un plazo de sesenta días para dar inicio a la siguiente fase de conversaciones bilaterales, las cuales abordarán la reconstrucción económica del país islámico y los mecanismos de verificación de los compromisos adquiridos.
Entre las condiciones económicas y operativas más destacadas del documento preliminar se encuentra la liberación de 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados en el exterior, exigiendo que la mitad de dicho monto sea desbloqueada antes del comienzo formal de la mesa de diálogo. Asimismo, el texto prevé la suspensión de las restricciones a la comercialización del petróleo iraní y sus derivados, junto con el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Washington. En el plano de la defensa regional, agencias de noticias de Teherán aseguraron que los programas de desarrollo de misiles de largo alcance y el respaldo financiero a los grupos armados de la resistencia de la región fueron retirados de forma definitiva de la agenda de negociación.
El estatus del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio global de hidrocarburos, generó versiones encontradas entre los mandatarios. Mientras el presidente estadounidense Donald Trump celebró en sus canales oficiales la apertura libre de peajes de la vía náutica, la prensa iraní reportó que Teherán reabrirá el paso bajo regulaciones propias que contemplan el cobro de tarifas por servicios marítimos en cooperación con Omán. Por otra parte, respecto al control nuclear, se conoció que se evalúa una moratoria de veinte años al programa de enriquecimiento de uranio iraní, garantizando que el material disponible se mantenga bajo estrictos límites técnicos y de almacenamiento que imposibiliten su uso con fines militares.
