El proceso de remoción impulsado contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, continuará su trámite oficial luego de que la Comisión de Mesa del Municipio decidiera no aceptar el desistimiento presentado por Hugo Córdova, el ciudadano que inicialmente admitió la denuncia en abril. La institución fundamentó su decisión en el artículo 237 del Código Orgánico General de Procesos, argumentando que el caso involucra de forma directa los derechos políticos de la máxima autoridad cantonal, impacta la administración municipal y afecta la representación otorgada por el voto popular. Asimismo, la defensa técnica del burgomaestre busca una resolución definitiva que brinde certeza jurídica sobre su situación.
Con esta resolución, el flujo metodológico del proceso mantiene su vigencia tras concluir la fase probatoria de 10 días este 16 de junio, dando paso a la elaboración de un informe y al posterior debate en el pleno del Concejo Cantonal. El escenario legal vuelve a poner el foco sobre la figura de la alcaldía subrogante que ejerce Tatiana Coronel desde febrero de 2025, a raíz de la privación preventiva de libertad de Alvarez por una medida judicial provisional. Expertos jurídicos señalan que, debido a los vacíos normativos en el COOTAD respecto a ausencias prolongadas por procesos judiciales en curso, el cuerpo edilicio deberá definir mediante una resolución política si mantiene la subrogación actual o si declara la terminación definitiva de funciones.
Por otro lado, analistas de políticas públicas anticipan que, independientemente del desenlace del proceso de remoción en el Concejo, la maquinaria institucional y la planificación técnica de Guayaquil no sufrirán paralizaciones. Esto se debe a que los proyectos anuales vigentes fueron programados con antelación y los equipos directivos ya se encuentran estructurando las proyecciones presupuestarias venideras, lo que apunta a una continuidad administrativa estable de cara al cierre del periodo y al próximo ciclo electoral.
