La Asamblea Nacional del Ecuador se encuentra en la etapa final del trámite legislativo para aprobar un marco jurídico integral que busca prevenir, erradicar y sancionar el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada y estructuras criminales. El proceso unificará la propuesta inicial presentada en enero de 2026 por la legisladora Valentina Centeno con el proyecto de la asambleísta nacional Annabella Azín, madre del presidente Daniel Noboa. Este último texto, enfocado en la prevención, desintoxicación y reinserción frente al consumo de drogas, se trasladará desde la Comisión de Salud hacia la mesa de Transparencia y Participación Ciudadana, liderada por Diana Jácome, donde se estructurará el informe definitivo para el segundo debate en el pleno.
El núcleo de esta reforma legal plantea una severa modificación al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para incrementar drásticamente las sanciones contra quienes instrumentalicen a menores de edad en actividades delictivas. Entre los cambios principales se destaca la reforma al artículo 127 del COIP, que elevará la pena de prisión de un máximo actual de 13 años a un rango de 22 a 26 años para quien enliste a menores en grupos armados. Asimismo, se sustituirá el artículo 369.1 para establecer castigos de hasta 22 años de cárcel por el reclutamiento con fines delictivos dentro de bandas organizadas, sanción que escalará también hasta los 26 años si la captación está vinculada directamente con la ejecución de infracciones penales, buscando con ello priorizar el interés superior del niño y evitar su criminalización.
