José Ricardo Cevallos Avellán se ha convertido en la figura central de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado en los denominados casos Triple A y Goleada, procesos judiciales que involucran al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, y a su círculo familiar. El economista de treinta y cuatro años, quien se desempeñó desde 2021 como gerente financiero de Copedesa S.A. y del Holding Grupo Alba 3 S.A., enfrenta una doble condición legal. En el caso Triple A, orientado al presunto comercio ilegal de derivados de petróleo, figura como uno de los veintidós procesados bajo medidas de presentación periódica y grillete electrónico. En tanto, en el caso Goleada por presunto lavado de activos, funge como cooperador eficaz dentro del Sistema Nacional de Protección de Testigos (Spavt).
La información entregada por el delator a finales de 2025, la cual constaba de dos celulares y una computadora portátil con registros de chats y transferencias de combustible, sirvió como el detonante para que el Ministerio Público iniciara formalmente la causa Goleada. Dichos indicios motivaron los allanamientos efectuados en febrero de 2026 a la residencia de Alvarez, operativo en el cual se detectó que el burgomaestre no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica dispuesto previamente, originando una tercera causa penal por incumplimiento de decisiones legítimas. Las indagaciones se sustentan además en la trayectoria de Cevallos dentro del sector público, donde ocupó cargos directivos en la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y Petroamazonas entre 2015 y 2021.
El pasado 16 de junio, el testigo protegido rindió su testimonio anticipado en el Complejo Judicial Norte de Quito, desglosando el funcionamiento operativo de la estructura comercial de la familia Alvarez. No obstante, las defensas técnicas de los procesados cuestionaron con dureza la diligencia tras la fase de contrainterrogatorio. Carlos Soria, abogado del asambleísta Raúl Chávez, calificó la intervención de burla al señalar que el cooperador adujo falta de memoria en las aclaraciones contables a pesar de su precisión inicial, mientras que Julio César Cueva, defensor del alcalde, tildó la declaración de evasiva y anticipó acciones legales por presunto perjurio tras confrontar el testimonio con la documentación del caso.
