Un grupo de residentes de la avenida República de El Salvador, en el norte de Quito, manifestó su firme rechazo a la iniciativa de declarar al sector como zona especial turística de la capital. La postura de los ciudadanos, agrupados en el Comité Promejoras de la localidad, se fundamenta en tres problemas principales: el incremento de la inseguridad, la falta de capacidad operativa del Municipio y el temor a que ocurra un desplazamiento de la población residente. Los habitantes advierten que la zona posee un carácter residencial en un 95 % y que replicar la normativa que rige desde 2012 en La Mariscal y el Centro Histórico traería consecuencias negativas, tales como la proliferación incontrolada de bares, discotecas y el consecuente abandono del vecindario por parte de las familias.
La propuesta original había sido impulsada por el Gremio de Restaurantes de Quito, entidad que buscaba incorporar las seis cuadras de esta avenida al Código Municipal para obtener incentivos comerciales y de entretenimiento, alegando el fuerte dinamismo comercial del hipercentro. No obstante, los moradores señalaron serias inconsistencias en dicho planteamiento y una falta de planes estructurados, lo que llevó al gremio privado a desistir de la iniciativa y evitar pronunciamientos públicos tras una mesa de debate. Los vecinos enfatizaron que los sectores declarados previamente bajo este esquema arrastran problemas graves de trabajo informal, suciedad y delitos, demostrando que la inversión pública y la promoción económica proyectadas por la normativa no han tenido un impacto positivo.
A la par de esta discusión, los representantes del barrio hicieron un llamado de atención a la municipalidad por la escasa aplicación de las ordenanzas de control frente a problemáticas actuales como la plaga de roedores en los parterres por mala gestión de desechos, los asaltos recurrentes y la presencia constante de personas libando en el espacio público durante los fines de semana. Asimismo, la dirigencia comunitaria alertó sobre el notable incremento de la mendicidad y de habitantes de la calle en situación de vulnerabilidad que, en ocasiones bajo el efecto de sustancias, han protagonizado altercados en locales comerciales, por lo que gestionan mesas de asistencia social antes de evaluar cualquier cambio en el uso de suelo.
