El expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, conocido con el alias de “Diablo”, junto a una exjueza penal, un exfiscal y dos abogados del exvicepresidente Jorge Glas, enfrentarán el próximo 13 de julio una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de asociación ilícita en el denominado caso Vidrio Libre. La fijación de esta nueva fecha se da luego de que el conjuez nacional Hernán Barros dictara el sobreseimiento a favor de Édison Villegas, funcionario judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas, tras recibir un dictamen abstentivo por parte del fiscal general encargado, Carlos Alarcón.
La teoría de la Fiscalía General del Estado sostiene que en este caso se estructuró una red delictiva integrada por funcionarios públicos y profesionales en libre ejercicio para conseguir la liberación “ilegítima” de Jorge Glas en noviembre de 2022, evadiendo la acción de la justicia ecuatoriana a través del abuso de una medida cautelar autónoma. Según las investigaciones, alias “Diablo” se habría reunido previamente con el entonces juez Émerson Curipallo en el domicilio de la procesada Anabell Torres para pactar el fallo a cambio de archivar expedientes disciplinarios y ofrecerle protección desde el órgano de control judicial, una resolución que además habría sido impulsada por el exfiscal Víctor Hugo Alcívar y garantizada ante el SNAI por el abogado Édison Loaiza.
El dictamen fiscal detalla que el propio Wilman Terán se encargó de elaborar la acción constitucional, mientras que la exjueza Torres coordinó el sorteo en la Unidad Judicial de Santo Domingo para que recayera en el despacho de Curipallo, dejando la presentación formal en manos del abogado Christian Palacios. La demanda se concretó el 26 de noviembre de 2022 y, apenas dos días después, el juez Curipallo emitió la boleta de excarcelación de Glas. Por este caso, Terán—quien actualmente cumple tres condenas de primera instancia en la Cárcel 4 de Quito por los casos Metástasis, Independencia Judicial y Pantalla, que suman 25 años y 6 meses de prisión—asumirá su propia defensa legal y ha solicitado acceso completo al expediente electrónico dentro del centro de reclusión.
