El Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador anunció un plan para construir salas de audiencia tipo búnker y espacios de máxima seguridad con financiamiento y asesoría técnica de Italia. La decisión se tomó tras registrarse una alerta por un artefacto explosivo acompañado de un mensaje intimidatorio en los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito. La presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, junto al titular de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, realizaron una visita técnica a tribunales blindados en el país europeo dentro del programa de cooperación bilateral Itajus, con el fin de replicar estos modelos especializados para el combate al crimen organizado y la corrupción en el país.
La iniciativa ha despertado diversas reacciones entre juristas y agrupaciones del sector judicial. Desde la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, se ve con optimismo que se dicten medidas de protección, aunque advierten que la infraestructura es una acción reactiva que resulta insuficiente para cubrir el riesgo de más de 1.500 jueces a nivel nacional expuestos a amenazas fuera de las salas. Por otro lado, críticas de abogados penalistas apuntan a que el blindaje físico no soluciona los problemas de fondo del sistema, señalando que la prioridad del Estado debe enfocarse en la evaluación rigurosa y la depuración del elemento humano para erradicar la corrupción interna, antes que en la modificación de la infraestructura edilicia.
