El juez de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García Mosquera, otorgó un plazo de 72 horas al fiscal Dennis Villavicencio para que se pronuncie sobre la solicitud de fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Esta medida judicial se tomó luego de que la Fiscalía General del Estado notificara el cierre de la instrucción fiscal el pasado 29 de junio, sin que el agente fiscal a cargo formalizara el pedido de señalamiento de día y hora para la siguiente etapa procesal dentro de los plazos establecidos.
La causa cuenta con 26 procesados, entre personas naturales y jurídicas, por el presunto delito de lavado de activos. En la lista de investigados constan el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, varios miembros de su círculo familiar cercano, el asambleísta Raúl Chávez y su hermano Gabriel Chávez. En su providencia, el magistrado invocó los artículos 600 y 602 del Código Orgánico Integral Penal para requerir de oficio la respuesta de la Fiscalía, advirtiendo que de persistir la omisión se deberá comunicar el hecho al Consejo de la Judicatura.
Este caso penal se inició el pasado 10 de febrero a partir de la denuncia de un cooperador eficaz y actual testigo protegido, quien trabajó en el holding del alcalde guayaquileño. La teoría de la Fiscalía sostiene que los implicados conformaron una presunta estructura empresarial para desviar grandes volúmenes de diésel subsidiado, originalmente destinados a embarcaciones nacionales, hacia naves internacionales. De acuerdo con las investigaciones, los réditos económicos de esta actividad habrían sido canalizados a través de empresas de papel domiciliadas en Panamá para simular obligaciones y ocultar los ingresos reales.
