El juez de la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García, dispuso de manera oficial a la Policía Judicial la localización y captura inmediata de Antonio Alvarez Henriques, Xavier Alvarez Henriques, Fernando Peñaherrera Venegas y César Bravo Ibáñez. La disposición fue emitida la tarde del miércoles 8 de julio de 2026, mediante un oficio correctivo que subsana las dudas operativas del cuerpo policial y viabiliza la ejecución de las órdenes de prisión preventiva dictadas dos días antes dentro del proceso penal por presunto lavado de activos denominado caso Goleada.
La emisión de estas boletas de captura formalizadas se dio luego de que la jefa de la Sección de Ubicación y Detención de Personas de la Policía Judicial de Quito, la capitán Raquel Elizabeth Zambrano, solicitara formalmente al magistrado una aclaración expresa sobre el alcance de las detenciones. Según la institución policial, esta consulta técnica fue indispensable para precautelar el principio de seguridad jurídica, garantizar el debido proceso y evitar cualquier tipo de nulidad o detención ilegal durante los operativos de búsqueda a nivel nacional.
La orden de captura e internamiento provisional rige exclusivamente para cuatro de los cinco procesados a los que se les modificaron las medidas cautelares la noche del lunes 6 de julio. Esto se debe a que el quinto implicado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ya se encuentra privado de la libertad en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, cumpliendo otras órdenes de prisión preventiva. Con la formalización del trámite de arresto, el proceso avanza bajo máxima expectativa jurídica, considerando los siguientes puntos clave del expediente:
- Fase procesal inmediata: El caso Goleada cuenta con un total de 26 personas procesadas (entre naturales y jurídicas). La causa se encuentra actualmente en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, cuya audiencia oral ha sido convocada por el tribunal para los días jueves 16 y viernes 17 de julio de 2026.
- Acciones de la defensa: Tras la revocatoria de sus medidas sustitutivas y la imposición de la prisión preventiva —la cual puede durar hasta un año por tratarse de lavado de activos—, los abogados de los hermanos Alvarez Henriques, Peñaherrera y Bravo presentaron de forma simultánea recursos de apelación en busca de revertir la decisión del juez García ante la Corte Provincial.
