La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado este martes a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. La sentencia determina que Sánchez actuó como cooperador necesario dentro de un plan delictivo preconcebido por las altas instancias de la Diputación de Badajoz para favorecerlo mediante la creación de una plaza “innecesaria y vacía de contenido”, que posteriormente sufrió transformaciones sustanciales en su nomenclatura y condiciones para adaptarse a sus conveniencias. Pese a la inhabilitación impuesta, el tribunal absolvió a Sánchez y a los otros diez investigados del delito de tráfico de influencias, lo que evitó las penas de prisión que solicitaban las acusaciones populares. En la misma causa, el expresidente de la corporación provincial, Miguel Ángel Gallardo, recibió la mayor sanción con una condena de 18 años de inhabilitación como autor directo de la prevaricación.
El fallo judicial ha desatado una fuerte tormenta política en el país y ha generado inmediatas reacciones en todo el arco parlamentario. Mientras que la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, expresó el respeto del Ejecutivo hacia la resolución pero manifestó su confianza en que instancias superiores constaten la inocencia de David Sánchez tras los correspondientes recursos, la oposición endureció sus críticas. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la sentencia demuestra que nadie está por encima de la ley y volvió a exigir la dimisión del presidente Pedro Sánchez, al tiempo que desde Vox se calificó a los implicados de “corruptos”. Por el contrario, formaciones de izquierda como ERC y Compromís tildaron el fallo de desproporcionado y sugirieron una intencionalidad política en la persecución judicial, en un entorno condicionado además por las investigaciones en curso contra la esposa del mandatario, Begoña Gómez.
