El juez federal de Miami, Darrin P. Gayles, dictó un fallo en rebeldía que ordena el pago de 314 millones de dólares a favor de los ciudadanos estadounidenses Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval. Los demandantes, quienes permanecieron privados de la libertad en territorio venezolano, denunciaron haber sido víctimas de graves torturas físicas y psicológicas, incluyendo descargas eléctricas y golpizas sistemáticas, durante la administración de Nicolás Maduro. El dictamen judicial se emitió luego de que el mandatario venezolano, el empresario Alex Saab, otros cinco implicados y la organización criminal denominada Cartel de los Soles no respondieran a la demanda legal interpuesta en su contra, según reportó la agencia informativa The Associated Press.
Los tres ciudadanos norteamericanos recobraron su libertad a finales del año 2023, tras consolidarse un intercambio político de prisioneros gestionado entre las administraciones de Washington y Caracas, acuerdo que incluyó la liberación y entrega de Alex Saab por parte del gobierno estadounidense. En la resolución judicial, el magistrado Gayles determinó que las detenciones y secuestros de estos ciudadanos no fueron hechos aislados, sino operaciones planificadas por una estructura delictiva con el objetivo explícito de captar beneficios ilícitos y sostener la permanencia de Maduro en el poder ejecutivo. El dictamen excluyó provisionalmente a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, amparada bajo los argumentos de inmunidad presentados por sus abogados defensores.
Esta histórica resolución también extiende la responsabilidad civil directa al Cartel de los Soles, red que según la justicia norteamericana está compuesta por altos mandos de las fuerzas militares venezolanas y que la administración de Donald Trump catalogó formalmente como una organización terrorista extranjera a principios de este año. La compensación económica fijada por el tribunal de Miami representa la mayor suma otorgada hasta la fecha en el marco de demandas impulsadas bajo el amparo de la Ley Antiterrorista de los Estados Unidos, una normativa federal que faculta a los ciudadanos afectados a perseguir judicialmente y buscar el embargo de activos internacionales que pertenezcan a los responsables de dichos abusos.
