El Gobierno ecuatoriano fijó la neutralización de la minería ilegal como un pilar fundamental dentro del Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029, categorizándola como una amenaza directa a la seguridad nacional. De acuerdo con estimaciones del Viceministerio de Energía, esta economía ilícita moviliza entre 800 y 1300 millones de dólares al año, compitiendo de forma paralela con la industria legal y financiando al crimen organizado, el lavado de activos y redes delictivas asentadas en áreas protegidas y fronterizas.
La hoja de ruta combina el uso de la fuerza pública con medidas de desarrollo técnico e institucional. En la vertiente operativa, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ejecutarán intervenciones militares para incautar insumos, clausurar centros de acopio y desarticular la logística criminal. En el ámbito social y legal, el plan plantea la actualización del catastro minero y la formalización tecnificada de la minería artesanal hasta 2028 a través de instituciones como la Arcom y el Ministerio de Energía y Minas. Analistas en seguridad destacan que, si bien el enfoque conceptual es idóneo, el éxito de la estrategia radicará en sostener el control territorial de forma permanente y fortalecer la capacidad de regulación estatal.
