La creación de tribunales militares especializados forma parte de las estrategias planteadas en el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 con el objetivo de brindar mayor respaldo jurídico a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. La iniciativa propone que estas instancias se integren a la estructura del Consejo de la Judicatura para procesar causas penales derivadas de operativos contra el crimen organizado. De este modo, se busca que las intervenciones de los uniformados sean evaluadas por administradores de justicia capacitados en legislación militar, tácticas operativas y el marco normativo del uso legítimo de la fuerza.
Pese a utilizar la denominación de tribunales militares, el documento gubernamental aclara que las nuevas salas no operarán de forma independiente, sino que respetarán los principios de la jurisdicción ordinaria. Esta precisión busca alinearse con los mandatos constitucionales que establecen que policías y militares deben ser juzgados por la Función Judicial. Frente a esta propuesta, analistas jurídicos y expertos en seguridad señalan que la viabilidad del proyecto dependerá de su estructuración legal, sugiriendo que podría requerirse una reforma constitucional o bien centrar los esfuerzos en capacitar a los jueces civiles ya existentes dentro del sistema actual.
