Luego de dos años de investigaciones, diferimientos y más de cuatro meses de audiencias de juzgamiento, el proceso penal por el denominado caso Triple A avanza hacia su etapa final. El Tribunal Anticorrupción prevé reinstalar la diligencia entre el 24 y el 25 de julio para evacuar las pruebas restantes y proceder, el 26 de julio, con la exposición de alegatos de la Fiscalía, acusadores particulares y defensas. El proceso examina la presunta existencia de una red dedicada al desvío de combustibles subsidiados, delito que habría generado un perjuicio económico al Estado estimado en 61,5 millones de dólares.
Entre los 22 procesados figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien enfrenta la causa tras ser vinculado formalmente en abril de 2025. Su situación jurídica se modificó en febrero de 2026 tras ser aprehendido en el marco del caso Goleada, permaneciendo desde entonces privado de libertad. En vísperas de las jornadas decisivas, su defensa solicitó al Tribunal autorizar su traslado presencial desde el Centro de Privación de Libertad de Santa Elena hasta el Complejo Judicial Norte, en Quito, para rendir su testimonio de descargo, tras lo cual los jueces iniciarán la deliberación para dictar sentencia.
