El Gobierno de Australia solicitó de manera oficial a Estados Unidos la eliminación de los gravámenes del 12,5 % aplicados a la mayoría de sus exportaciones. El ministro australiano de Comercio, Don Farrell, calificó esta medida como injustificada y contraria a los acuerdos de libre comercio vigentes entre ambas naciones, subrayando además que Australia cuenta con normativas estrictas en la lucha contra la esclavitud moderna y el trabajo forzoso.
La disposición impulsada por la Administración del presidente Donald Trump afecta a más de 80 economías bajo el argumento de que estos países no disponen de mecanismos suficientes para prevenir el comercio de bienes elaborados con mano de obra forzada. Los nuevos aranceles entran en vigor a la medianoche en la costa este estadounidense y abarcan casi la totalidad de los productos australianos importados, salvo contadas excepciones y cargamentos previamente embarcados.
Por su parte, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, defendió la medida al considerar que las tarifas resultan adecuadas para erradicar las conductas sancionables identificadas en las investigaciones de la Sección 301. Esta maniobra legal sustituye a un esquema arancelario anterior fundamentado en la Sección 122, el cual buscaba responder a problemas de balanza de pagos pero enfrentó limitaciones impuestas por los tribunales.
