La acusación popular en el caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, modificó su escrito de calificación rebajando la petición de pena de 24 a 13 años de prisión. El documento presentado este lunes atribuye a Gómez los delitos de tráfico de influencias, por el que solicitan dos años de cárcel, y malversación de patrimonio público, desglosado en tres años por un delito continuado y ocho años por una modalidad no continuada. Las investigaciones se centran en las irregularidades detectadas en la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y en el uso privado de su asesora, Cristina Álvarez, para quien la acusación redujo su solicitud de pena de 22 a 6 años de prisión.
Las acusaciones, lideradas por la asociación Hazte Oír, presentaron la actualización tras el pronunciamiento de la Audiencia de Madrid que avaló la apertura del juicio mediante jurado popular. Según el texto acusatorio, Gómez asumió la cátedra sin un proceso de selección ni la titulación requerida, al tiempo que se le atribuye la malversación de fondos públicos asignados a su personal de apoyo. Asimismo, la parte acusadora solicitó la Comparecencia de un centenar de testigos, entre los que destacan el propio Pedro Sánchez y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al considerar que la sede de La Moncloa fue empleada como espacio institucional para gestiones privadas.
El ajuste procesal se produce después de que el juez instructor determinara el pasado 16 de julio que el caso fuera juzgado por un tribunal del jurado por tráfico de influencias y malversación, tras decretar el sobreseimiento de los cargos por apropiación indebida y corrupción en los negocios. En esa misma resolución, el magistrado dejó sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre la investigada, retirando la prohibición de salida del país, la obligación de comparecencia quincenal y disponiendo la devolución de su pasaporte.
