El 4 de junio de 2025, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), bajo el conjuez Olavo Hernández Hidrobo, inició una audiencia para vincular a la exasambleísta Esther Cuesta, el secretario de Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz y Raúl González Carrión en el caso Liga2, donde se investiga un presunto delito de asociación ilícita. La Fiscalía General del Estado, liderada por la fiscal Diana Salazar, busca formular cargos contra ellos por su presunta participación en una trama para controlar instituciones estatales, como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Cuesta, quien dejó su cargo legislativo el 13 de mayo de 2025, se encuentra en Italia, mientras Arauz está en México y González en Ecuador. La investigación se basa en chats extraídos de los celulares de Augusto Verduga, exconsejero del CPCCS, incautados el 24 de enero de 2025. Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor (exconsejeros destituidos) y Nicole Bonifaz (consejera actual) son procesados desde el 15 de marzo por asociación ilícita, acusados de usar seudónimos en chats (Verduga como “MonicaErtl”, Saltos como “Minerva”, Franco como “El Justiciero” y Arauz como “AA” o “An”) para planificar la designación de autoridades afines a RC.
La Fiscalía señala que los acusados intentaron consolidar una mayoría en el CPCCS para influir en nombramientos, como el de González como superintendente de Bancos en 2022, anulado por una acción de protección. La audiencia, que responde a un pedido del 19 de mayo, busca determinar medidas cautelares, mientras Verduga, en México, enfrenta una orden de prisión preventiva y notificación roja de Interpol. El caso, con un expediente de 21.800 fojas, evidencia una red de influencias para beneficiar a RC, según la Fiscalía.
