Un alto funcionario marroquí afirmó que su país alertó a las autoridades españolas sobre el riesgo de un incremento migratorio tras un fallo del Tribunal Supremo español relativo a la aplicación de devoluciones inmediatas por vía marítima. La declaración se produjo tras la llegada de miles de migrantes al enclave de Ceuta desde la localidad limítrofe de Fnideq, un flujo inédito que saturó las capacidades de atención locales antes de iniciar los procesos de retorno.
Desde Rabat rechazaron cualquier acusación sobre eventuales fallos en sus dispositivos de control fronterizo, argumentando que el uso de la fuerza contra grandes concentraciones de personas no representa una solución al fenómeno. La fuente oficial enfatizó que la gestión migratoria supone un costo elevado para el reino de aproximadamente 500 millones de euros anuales, por lo que defendió que el abordaje del problema debe ser una responsabilidad compartida entre ambas naciones.
A pesar de las discrepancias sobre el origen de la crisis, el representante marroquí aseguró que ambas administraciones mantienen la coordinación como socios en materia migratoria. No obstante, remarcó que corresponde al Ejecutivo español encontrar las respuestas normativas e institucionales frente a los desafíos derivados de las resoluciones de sus propios tribunales.
