El precio de incomodar al poder: El periodismo de investigación desafía las estructuras de la impunidad en Ecuador. Cuando la verdad se convierte en amenaza, la justicia libra su batalla más peligrosa contra el crimen organizado y la corrupción política.
Por: Lcda. Mónica Carriel
Hay asesinatos que buscan eliminar a una persona. Y hay asesinatos que intentan ejecutar algo mucho más ambicioso: la verdad.
Fernando Villavicencio no murió solamente por los disparos que lo alcanzaron aquella tarde de agosto de 2023. Murió porque había decidido convertirse en el enemigo de demasiados intereses al mismo tiempo. Había incomodado a políticos, mafiosos, contratistas, operadores del poder y a esa fauna viscosa que en Ecuador aprendió hace años que el Estado también puede administrarse como una empresa criminal.
Tres años después, el país sigue esperando una respuesta definitiva. Y esa espera es, por sí sola, una condena.
El documental presentado por sus hijas no dicta sentencias. No puede hacerlo. Esa tarea le corresponde a los jueces. Pero sí coloca una pregunta incómoda sobre la mesa: si las hipótesis de la Fiscalía llegan a sostenerse en juicio, Ecuador no habría sido testigo únicamente del asesinato de un candidato presidencial, sino de la posible convergencia entre crimen organizado, corrupción y poder político para silenciar a un hombre.
Y eso cambia absolutamente todo.
Porque ya no estaríamos hablando de un sicariato. Estaríamos hablando de la captura del Estado por estructuras capaces de decidir quién vive y quién muere.
Las balas serían apenas el último trámite administrativo.
Durante años se quiso vender la idea de que Villavicencio era un personaje incómodo, exagerado, provocador. Como si denunciar la corrupción fuera un defecto de personalidad. Como si señalar a los poderosos justificara convertirse en blanco de una ejecución.
Esa narrativa fue conveniente para muchos.
Desprestigiar primero. Silenciar después.
Es una fórmula tan vieja como efectiva.
Las hijas de Villavicencio han decidido librar otra batalla. No buscan solamente justicia para su padre. Están peleando contra el olvido. Porque en Ecuador el olvido es una política pública no escrita. Aquí los escándalos duran lo que tarda en aparecer el siguiente. La indignación tiene fecha de caducidad. Y los expedientes suelen acumular polvo con una rapidez sospechosa.
Por eso resulta incómodo que vuelvan a abrir el caso frente a millones de ecuatorianos.
Porque obligan al país a mirar de nuevo aquello que muchos preferían archivar emocionalmente.
Sin embargo, conviene recordar algo esencial que en tiempos de polarización suele olvidarse: las acusaciones de la Fiscalía deben probarse en los tribunales. Los procesados tienen derecho a la presunción de inocencia y a una defensa plena. La justicia no puede reemplazarse por cadenas nacionales, documentales ni editoriales. Pero tampoco puede esconderse detrás de una lentitud que termina pareciendo impunidad.
Eso también erosiona la confianza democrática.
Lo verdaderamente aterrador no es únicamente quién disparó.
Lo verdaderamente aterrador es pensar que un periodista, un candidato presidencial y uno de los denunciantes más incómodos del país pudo haber sido eliminado porque denunciar se volvió más peligroso que delinquir.
Ese es el verdadero fracaso de una República.
Cuando un corrupto duerme tranquilo y quien investiga necesita chaleco antibalas, la democracia ya comenzó a perder la guerra.
El asesinato de Villavicencio dejó una viuda, varios hijos y una campaña presidencial inconclusa. Pero dejó también una pregunta que sigue persiguiendo al Ecuador entero: ¿quién manda realmente en este país?
¿Los votos?
¿Las instituciones?
¿O las organizaciones criminales que aprendieron a infiltrarse donde antes solo entraban los políticos?
Mientras esa respuesta siga incompleta, ningún gobierno podrá afirmar seriamente que derrotó al crimen organizado.
Porque el crimen organizado no consiste únicamente en hombres armados escondidos en una motocicleta.
Consiste, sobre todo, en hombres de traje capaces de convertir el poder en un escudo y la violencia en una herramienta.
El juicio que hoy avanza no definirá únicamente responsabilidades individuales. Pondrá a prueba algo mucho más importante: si la justicia ecuatoriana todavía tiene fuerza suficiente para mirar de frente al poder, cualquiera que sea el rostro con el que se presente.
Porque si después del asesinato de un candidato presidencial la verdad tampoco logra sobrevivir, entonces el mensaje será devastador.
En Ecuador no solo pueden matar personas. También pueden asesinar la esperanza de que la ley todavía signifique algo.
