El pleno de la Asamblea Nacional abordará este jueves 27 de agosto el primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, conocida como Ley Antimafias. La iniciativa, presentada por la presidenta del Parlamento, Mishel Mancheno, cuenta con el informe favorable de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, aprobado con ocho votos a favor y dos abstenciones.
La propuesta normativa plantea reformas integrales orientadas a desarticular no solo la ejecución de delitos, sino la estructura financiera, logística y de mando de las organizaciones criminales en el país. Tras esta primera discusión, la comisión receptará observaciones para elaborar el documento final previo al segundo y definitivo debate.
Ejes clave de la propuesta de ley
- Sanciones a cabecillas y delitos de alto impacto: Se plantean penas de 22 a 26 años de prisión para organizadores, directores y financistas de estructuras delictivas. La condena se incrementará a entre 26 y 30 años si la organización incurre en narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de armas o lavado de activos.
- Tipificación del colaborador externo: Sancionará con 10 a 13 años de cárcel a quienes, sin ser miembros de la estructura, entreguen asesoría técnica, financiera, tecnológica o recursos de forma consciente para la operatividad delictiva. La norma aclara que el ejercicio profesional lícito y la defensa legal no serán considerados colaboración.
- Reclutamiento e infraestructura: Se fijan penas de 10 a 13 años para quienes recluten adultos con fines delictivos —que subirán a entre 13 y 16 años si media abuso de poder o confianza—, así como para quienes faciliten inmuebles, vehículos o logística para ocultar armas, drogas, dinero o secuestrados.
- Afectación al patrimonio criminal: Mediante reformas a la Ley de Extinción de Dominio, se facultará la venta anticipada de bienes incautados perecibles o que generen costos de mantenimiento desproporcionados. Además, se contempla el uso provisional de bienes para fines sociales y el endurecimiento de sanciones por tráfico ilícito de combustibles a escala interprovincial.
