La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional inició el análisis de un amplio volumen de documentos e información reservada dentro del proceso de fiscalización a los patrimonios de alcaldes y prefectos del país. El presidente de la mesa legislativa, Cristian Benavides, confirmó que disponen de un plazo de 90 días, otorgado por el Pleno el pasado 23 de junio de 2026, para evaluar posibles incrementos patrimoniales injustificados. Para cumplir con esta tarea, los legisladores procesarán cerca de un centenar de denuncias ciudadanas recibidas por correo electrónico, así como reportes remitidos en sobre cerrado por la Contraloría, la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
El plan de trabajo contempla dos semanas dedicadas exclusivamente a cotejar las denuncias y publicaciones periodísticas con las bases de datos de las entidades de control tributario y financiero. Benavides enfatizó que la investigación se limitará de forma estricta al patrimonio de las autoridades y a la detección de posibles casos de testaferrismo o bienes a nombre de terceros, descartando la revisión de contratos u obras municipales por ser atribución de otras instancias. Aquella documentación recibida que no guarde relación con el objeto de la indagación será derivada directamente a la Contraloría General del Estado.
El cronograma prevé que las autoridades que presenten inconsistencias en sus declaraciones sean convocadas a comparecer ante la comisión para presentar sus argumentos de descargo antes de la redacción final del documento. La mesa legislativa mantendrá jornadas intensivas de trabajo para entregar sus conclusiones a finales de septiembre de 2026. El informe resultante será presentado ante el Pleno de la Asamblea y remitido a los organismos de justicia para la apertura de los procesos legales correspondientes.
