Entre el 24 y el 28 de agosto de 2026, el Ministerio del Interior ejecutó la destrucción final de 7,23 toneladas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en el país. Esta intervención constituye una medida estratégica clave dentro de las acciones oficiales orientadas a garantizar que estas sustancias no regresen al mercado ilícito.
De acuerdo con la información brindada por la entidad, el procedimiento de destrucción segura impacta de manera directa en la estructura financiera de las organizaciones delictivas. Las autoridades señalaron que el valor comercial de la carga eliminada superaría los 16 millones de dólares en el mercado nacional, mientras que su cotización en los mercados internacionales alcanzaría cifras significativamente superiores, estimadas en más de 215 millones de dólares en Estados Unidos y por encima de los 335 millones de dólares en el continente europeo.
