El Parlamento de Nicaragua, bajo el control del oficialismo, aprobó por unanimidad una reforma constitucional que prohíbe de manera explícita la participación electoral de la oposición. La iniciativa, promovida por el presidente Daniel Ortega, veta a cualquier ciudadano acusado de participar en supuestos intentos de golpe de Estado, traición a la patria o de solicitar sanciones e intervenciones extranjeras, garantizando así el monopolio político del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
La modificación del texto constitucional extiende además el periodo de la gestión presidencial de seis a siete años, medida que también cobijará a las actuales autoridades en el poder. Dirigentes opositores exiliados denunciaron que esta enmienda busca blindar la sucesión dinástica de la familia Ortega-Murillo, en un contexto marcado por la inexistencia de contrapesos políticos tras el despojo de nacionalidad y encarcelamiento de numerosos líderes sociales tras las protestas de 2018.
La aprobación del proyecto generó un inmediato rechazo en el ámbito internacional, impulsando a la Organización de Estados Americanos a convocar una reunión de cancilleres para evaluar nuevas sanciones diplomáticas y económicas contra el régimen. A pesar de la condena externa, el texto deberá cumplir con el trámite de ratificación en la segunda legislatura prevista para inicios de 2027 para su entrada en vigor definitiva.
