La Fiscalía General del Estado vinculó formalmente a diez nuevos procesados, entre ellos seis administradores de justicia y tres personas jurídicas, dentro del denominado caso Blindado. Durante la audiencia, el fiscal general encargado Carlos Alarcón expuso la existencia de una red de corrupción que utilizaba el abuso de garantías jurisdiccionales para emitir fallos contrarios a la ley, permitiendo el cobro indebido de indemnizaciones millonarias en perjuicio de instituciones estatales como la empresa pública EP Petroecuador y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.
Según la teoría expuesta por la Fiscalía, la estructura habría estado liderada por el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, en coordinación con servidores judiciales y particulares. La investigación determinó que las sentencias dictadas en primera y segunda instancia habrían generado órdenes de pago que superan los 43 millones de dólares, registrando además el ingreso inusual de aproximadamente nueve millones de dólares a cuentas personales y la movilización de altas sumas de dinero en efectivo mediante vehículos blindados.
Con esta vinculación, la instrucción fiscal se extenderá por 30 días adicionales para profundizar las diligencias sobre los implicados, entre los que constan magistrados provinciales, un juez de primera instancia, asesores y empresas fachada. Las evidencias presentadas incluyen análisis patrimoniales de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, facturaciones irregulares y pronunciamientos de la Corte Constitucional que dejaron sin efecto varios de los fallos emitidos por este esquema delictivo.
